El ultimátum de Lilita

No es la primera vez que Elisa Carrió pone en jaque, con alguna frase afilada, al gobierno que integra. Es su marca, estilo y naturaleza desde diciembre de 2015. Su apoyo tiene ese costo, oficia como auditora moral de la coalición que ayudó a crear. Jorge Macri, Jaime Durán Barba, Juan José Aranguren, Daniel Angelici y, recientemente, Germán Garavano son algunos de los funcionarios que exhiben cicatrices de sus estoques. Sólo por diversión marca la piel de los radicales. La novedad es que su último sablazo verbal impactó en la humanidad de Mauricio Macri.

En una charla en Corrientes conminó al mandatario a elegir entre “la línea Angelici (el presidente de Boca Jrs y principal operador del gobierno en el Poder Judicial) y la línea Carrió” y agregó: “Tiene que elegir. Tiene tiempo, pero elige o cae”. Pocos opositores se animaron a tanto. Un día después aclaró que no rompería Cambiemos pero advirtió que “la impunidad no es negociable”.

¿A qué se refiere Carrió y a qué responde su inédita virulencia verbal contra su principal socio político? Las explicaciones son variadas pero remiten a la misma secuencia de siempre. Está su egocentrismo natural que la hace auto percibirse como la Fiscal de la República, la única garantía contra la corrupción. Está su instinto de preservación: sus duras críticas llegan cuando el gobierno toma medidas antipopulares, como el aumento de la tarifa del gas y los ajustes. Está su histórico recelo sobre “el tano” Angelici, interlocutor oficial de los jueces. Está el malestar que le generaron los dichos del ministro de Justicia, German Garavano, sobre la inconveniencia de que los ex presidentes estén presos. Está el desaire que le hicieron peronistas y radicales cuando quiso presidir una importante comisión en la Cámara de Diputados. Pero, esencialmente, la líder de la Coalición Cívica está convencida que desde el gobierno quieren proteger a la empresa Iecsa de la familia del Presidente de las investigaciones judiciales. Esa firma fue manejada por el padre, Franco Macri, y luego el primo hermano Ángelo Calcaterra (ya procesado por la causa de los Cuadernos). Algunas versiones indican, incluso, que todavía tiene participación en la gestión aunque se haya desprendido de sus acciones.

Sus sospechas tienen base fundada. Confirmó que la dirección de la AFIP le retacea a los jueces información vinculada a Iecsa y, además, decidieron el desplazamiento de tres funcionarios de la repartición recaudadora (Horacio Castagnola, Jaime Mecikovsky y Carlos Bo) que contaban con su apoyo explícito. Hace una semana, Castagnola presentó en el juzgado de Marcelo Martínez Di Giorgi un informe que revela coimas por la obra del soterramiento del Tren Sarmiento. El consorcio que integra la empresa de la familia Macri junto a la cuestionada Odebrecht transfirió 4.495.000 dólares a la cuenta de una empresa española investigada por blanquear coimas. El apoderado de la cuenta –según reveló Emilia Delfino en el diario Perfil– es Santiago Altieri, ejecutivo de Iecsa.

Para Carrió no hay duda: los funcionarios que trabajaron para develar estas operaciones fueron desplazados para evitar que progrese la investigación. La impunidad para la empresa que fue de la familia del Presidente, la procura Angelici. A su criterio, sólo Macri pudo dar una orden así y por eso estalló: “Le perdí la confianza el Presidente”, dijo.

Es un aviso claro. No dudará a la hora de elegir entre su autoproclamado rol de paladín anticorrupción y su sociedad con el Presidente.

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